Cuando los habitantes y visitantes llegaron a la ciudad pensando en escuchar sonar acordeones acompañados de la caja, la guacharaca y una buena voz en el marco del Festival Vallenato, en el Concejo de Valledupar se discutía lo que se convertiría en una de las noticias más importantes para las personas con algún tipo de discapacidad.

Aprobar en el Municipio la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social era la obligación de los concejales, quienes finalmente aceptaron darle viabilidad al Acuerdo 003 del 28 de abril de 2018, luego de unas modificaciones que se le habían solicitado a la administración municipal.

Miguel Antonio Villazón Mizat, miembro del Comité Municipal de Discapacidad, explicó que este es un acuerdo entre el Gobierno o el Estado y la sociedad civil, para tratar de resolver la problemática que existe en función de personas con discapacidad.

“Es un documento importante porque a través de él se focalizaron las necesidades que tienen las personas con discapacidad y también quedaron allí las acciones afirmativas para que los gobiernos de turno puedan resolver los problemas existentes. Un documento que trabajamos por más de dos años”, indicó Villazón Mizat, creador del documento realizado entre la Alcaldía de Valledupar y el Comité Municipal de Discapacidad.

En la capital del Cesar hay registradas en la Secretaría Local de Salud, encargada de llevar el registro y caracterización de la población con discapacidad, un poco más de 13.000 personas en esta condición, siendo la discapacidad física la principal, seguida de la auditiva, y múltiple en tercer lugar. En su mayoría, los integrantes de este grupo residen en estratos bajos, no han tenido acceso oportuno a la educación y cuentan con pocos integrantes en universidades.

“Se recogieron muchas inquietudes y nos atrevemos a decir que es una de las políticas públicas más completas que hay en el país; investigamos las necesidades de las personas, revisamos la Ley 1245 de 2007, revisamos el Conpes 166 de 2013, nos fuimos a la Ley 1618 de 2013 y con todo ese compendio jurídico armamos lo que hoy es la Política Pública de la Discapacidad. Ahora nos toca luchar para que los gobiernos puedan implementarla en todos los sectores”, recalcó Miguel Antonio Villazón Mizat, agregando que se necesita “mucha voluntad política para que los gobiernos se apropien de las acciones afirmativas y den cumplimiento a lo que dice el decreto. En la política pública hay acciones afirmativas para el acceso y la accesibilidad para la movilidad también. Los alcaldes deben aplicarla”.

Este proyecto venía estructurándose desde hace tres años entre la Alcaldía de Valledupar por medio de la Secretaría Local de Salud, buscando favorecer a las personas con discapacidad del municipio, convirtiéndose de esta manera en el primero del país con una política como esta.

Son más de 130 acciones afirmativas que se deben hacer realidad durante los siguientes 12 años, en los que deben interactuar y cumplir todas las sectoriales del Gobierno Municipal y de la ciudadanía en general.

El Concejo hizo esta aprobación con unas modificaciones, hechas por el concejal ponente Wilber Hinojosa, entre ellas que la vigencia para la adopción de esta política será del 2018 al 2031; incluir en el proyecto la organización del Comité Municipal de Discapacidad; la Mesa Técnica que estaba a cargo de la Secretaría Local de Salud, pasa a cargo de la Secretaría de Gobierno Municipal.

“Una hoja de ruta que fue elaborado por la administración municipal conjunto al Comité de Discapacidad y esta población que ha sido bastante abandonada. Hoy hay una política pública que es de cumplimiento no solamente para esta administración, sino para las tres venideras porque tiene un pacto a desarrollarse a 12 años”, declaró Hinojosa.

Advirtió que espera que la política pública no se quede en el tema de accesibilidad, sino en el tema de empleabilidad, “donde hay un 2 % del municipio que debe tener esta población representada en su personal que se contrate. Es la oportunidad para los profesionales de esta población; personas que se han dedicado a estudiar y no han tenido la oportunidad, ahora el municipio les podrá dar la oportunidad para que aporten su conocimiento”.

Por su parte, el presidente del Concejo, Yesith Triana, aseguró que de los cinco proyectos presentados en este periodo, la política de discapacidad era el más importante, “para establecer una política a esta población que está abandonada en el municipio”.

Garantizar derechos

La secretaria de Salud Local, Claudia Margarita Zuleta Murgas, sostuvo que esta política busca acciones para mejorar todas las condiciones de accesibilidad para quienes tienen algún tipo de discapacidad.

“En el seno del Comité de Discapacidad se gestó la idea de construir una política pública municipal que abordara esa problemática y trajera las propuestas y acciones afirmativas de mejoras para equiparar las brechas en materia de acceso a los servicios de salud, en educación y así sucesivamente”, manifestó Zuleta Murgas.

Dijo también que “en la política pública se garantiza a tener más cupos en el sistema educativo, además permitir que tanto las instituciones como las vías públicas adecuen espacios para accesos a las personas con discapacidad, se garantiza un mejor acceso a la información a través de la divulgación de los mensajes de gobierno, entre muchas otras 133 acciones afirmativas”.

Experiencia de éxito

Abisneyis Rincón Mendoza es estudiante de último semestre de Derecho en la Universidad Popular del Cesar y es una de las personas beneficiadas con esta política pública.

“Es de anotar, que un gobierno que piensa en la defensa de los derechos de las personas que constitucionalmente gozamos de una protección especial, merece respeto y reconocimiento por darse a una labor de humanidad”, señaló quien además funcionaria de la Secretaría de Hacienda Municipal.

Ella está realizando su proyecto de grado, denominado: “Aplicación de las medidas para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas en situación de discapacidad a la educación con calidad, en la Universidad Popular del Cesar, según lo estipulado en la Ley 1618 de 2013”.

“Hago mención a este proyecto porque surgió precisamente de mi experiencia como estudiante de la Universidad Popular del Cesar, en la cual se han venido desarrollando acciones para brindar acceso y facilitar la educación de las personas en situación de discapacidad”.

Sostuvo que “es triste constatar que, dentro de nuestra población en situación de discapacidad, abunda el analfabetismo, la falta de oportunidades laborales, de locomoción, entre muchas otras precariedades por las que debemos pasar además de la de enfrentarnos al superar una discapacidad. A simple vista se observa, como todas estas falencias hacen parte nada más y nada menos que de derechos fundamentales protegidos constitucionalmente”.

Aseveró que personalmente se encontró en diversos momentos de su trayectoria universitaria con momentos incómodos y obstáculos que quizás muchos no pudieron vencer, “tales como con asignación de clases en un salón ubicado en el cuarto piso y no tener un ascensor o por ejemplo en ocasiones no tener como transportarme y no poder acceder a un bus de servicio público porque no existe la infraestructura que pueda facilitarnos a nosotros como personas en situación de discapacidad el acceso a ello, o una muy sencilla y que hace parte de la cultura ciudadana, como es la de encontrarme muchas veces con las rampas por donde debía subir tapadas con carros. Así, podría citar muchas falencias en las que incurrimos”.

Finalmente invitó a la ciudadanía en general a hacer de esta política pública una realidad, “no se trata de hacer las cosas por cumplir una norma, porque la norma, la ley, surge de una necesidad social del ser humano, por tanto, hay que colocar más humanidad y menos legalismos. Empresas que dicen cumplir con tener las rampas de acceso a discapacitados, lo hacen por llenar el requisito y cumplir la norma, sin la humanidad de realizar un estudio previo para asegurar que realmente cumpla con una función social para un discapacitado o una persona de la tercera edad”.

A nivel nacional

El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social como ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad y coordinador de la Política de Discapacidad, aprobó el documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) 166 de 2013 que define la nueva política de discapacidad.

En el documento se definen los lineamientos, estrategias y recomendaciones para avanzar en la implementación de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social, contribuyendo de esta manera al propósito de lograr el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad.

Por Carlos Mario Jiménez
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